El caso de la Comunidad Garífuna de honduras está previsto ser tratado hoy, martes 2 de setiembre en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de la ciudad de Asunción, en el marco del 51° Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desarrolla en Paraguay desde el 1 al 4 de setiembre, en el salón auditorio del Palacio de Justicia de Asunción. El caso, trata de la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad de la comunidad y sus miembros y fue sometido el 17 de octubre de 2013 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuerda a lo que fue la lucha de los indígenas enxet de la comunidad de Sawhoyamaxa que durante décadas vio morir a varios miembros en proceso porque el Estado paraguayo le reconozca el derecho a su territorio ancestral. Además, viendo que se trata de un proceso en que el Estado hondureño prioriza al sector empresarial e inversionista para el usufructo de las tierras en megaproyectos, sin consultas a las comunidades que habitan y pueden verse afectadas, remite a lo que ahora misma padecen las comunidades de los bañados en Paraguay. “Este es un caso de criminalización y por sobre todo del país de donde proceden, Honduras, que todo lo que va sucediendo ahí se repite aquí”, opina Cristina Coronel del Serpaj Paraguay. Más sobre el caso Varias iniciativas y proyectos impulsados desde hace muchos años por Honduras para atraer inversión extranjera en esos territorios ancestrales del pueblo garífuna, fueron los disparadores de la controversia. Estos proyectos consisten en crear infraestructura turística y actividades comerciales, crear las denominadas “ciudades modelo”, decretar un área protegida y proceder al traspaso de tierras a un fideicomiso Estado/inversionistas extranjeros. Según los peticionario garífunas, estos proyectos de diversa naturaleza se hicieron, pese a que ellos agotaron pacientemente una tras una las vías jurisdiccionales e instancias hondureñas antes de acudir al sistema interamericano. Se llevaron adelante sin respetar algunos de los derechos históricos de los pueblos garífunas sobre estos territorios. El respeto al derecho a la propiedad (artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) es uno de los principales alegatos presentados, al no haber aún el Estado provisto un acceso efectivo a un título de propiedad sobre sus territorios ancestrales a estas comunidades, así como por haberse abstenido durante todo este tiempo de demarcarlo de una manera adecuada. Sin titulación ni linderos claramente establecidos, el ejercicio del derecho a la propiedad se ve sustancialmente limitado para las comunidades garífunas. Además de una gran cantidad de otras violaciones al Pacto de San José detectadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión refiere a un tema que posiblemente interese a comunidades indígenas de otros Estados de la región latinoamericana: la imperiosa necesidad de consultar a las comunidades en el caso de megaproyectos que las puedan afectar. "Otro de los componentes del presente caso es la falta de una consulta previa, libre e informada a la Comunidad de Triunfo de la Cruz y sus miembros con respecto a la adopción de decisiones que afectan el territorio que han ocupado históricamente. Dentro de tales decisiones se destacan la planificación y ejecución de proyectos y megaproyectos turísticos; la creación de un área protegida en parte del territorio ancestral; y las ventas de tierras comunitarias" señalaba la Comisión al remitir el caso a la Corte de San José. Para los representantes de las organizaciones garífunas "lo que se espera es que haya una sentencia no solamente para que se le restituyan las tierras a la comunidad de Triunfo de La Cruz sino que se implemente en el país una ley sobre la consulta y consentimiento previo libre e informado que se requiere para que los proyectos a implementar cuenten con el aval de las comunidades". Se trata de un vacío legal del que no solo adolece el Estado hondureño en el hemisferio americano, y que ha dado lugar a una larga serie de medidas cautelares ordenadas en años recientes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de comunidades indígenas y campesinas, ya sea para frenar proyectos que las afectan o para proteger a sus líderes de actos de intimidación y amenazas de los que son a muy a menudo víctimas Sobre la comunidad garífuna Los garífunas son descendientes de africanos, caribes y arahuacos originarios de varias regiones de Centroamérica y el Caribe. Se estima que son más de 600.000 los residentes en Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua, y Estados Unidos. En esta ocasión, la Corte IDH estudiará además el “Caso Wong Ho Wing Vs. Perú”