De los 448 torturadores de la dictadura de Stroessner identificados por la Comisión de Verdad y Justicia, sólo 8 fueron condenados en tiempos democráticos por violaciones a derechos humanos y esto se logró “a instancia de parte”, esto es, mediante acciones judiciales impulsadas por las víctimas de los crímenes. Y, en realidad, si algún avance el actual gobierno puede mostrar en términos de garantía de derechos humanos, es porque en algún momento “a instancia de parte” se efectuó alguna denuncia y no porque existe una explícita política de garantía y protección de los derechos humanos en Paraguay.

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Según el asesor jurídico de la Presidencia, “el Presidente de la República ha establecido un abordaje de contención y desarrollo de los derechos humanos”; sin embargo, la perspectiva de derechos humanos se encuentra desplazada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030 por vocablos como “competitivo”, “eficiente”, “pujante”, “innovador” enlazados con expresiones que aluden a “índices de desarrollo social en el rango más alto de Sudamérica; ambiental y económicamente sostenible, con elevado índice de seguridad jurídica y ciudadana, con atención a los pueblos indígenas, fuerte protagonismo de la mujer, con jóvenes visionarios y entrenados liderando el país, con un Estado solidario, subsidiario, transparente y que promueva la igualdad de oportunidades”. Sin embargo, se cierra el 2014 sin que los derechos humanos en Paraguay resulten garantizados que es la responsabilidad del Estado ante los mismos, más que “contenerlos” y “desarrollarlos”. Asimismo, más que Estado solidario, subsidiario y transparente, la responsabilidad de los poderes públicos es hacer real lo enunciado en el artículo 1 de nuestra Carta Magna: “La República del Paraguay […] se constituye en Estado Social de derecho”. Por su parte, puede asumirse una duda razonable acerca de las posibilidades de que el Paraguay sea “ambiental y económicamente sostenible” con la impresionante cantidad de agrotóxicos derramados cada año sobre el territorio (sólo entre los años 2009-2010 se utilizaron más de 8 millones de litros de glifosato, un poco más de 2 millones y medio más que entre los años 2007-2008; sumados con otros agrotóxicos la cantidad, en realidad, había llegado a más de 24 millones de litros para el período 2009-2010). Y pese a que el Consejo de Derechos Humanos (del cual actualmente es miembro Paraguay) de las Naciones Unidas, a través de sus órganos convencionales, ha venido solicitando desde el año 2007 al Estado paraguayo la realización de estudios sobre la utilización “indiscriminada de agrotóxicos, la desaparición de ecosistemas y afectación de recursos tradicionales alimenticios”, hasta ahora tales recomendaciones tienen el mismo destino que las recomendaciones acerca de la necesidad de investigar y juzgar los crímenes de la dictadura: no sólo el silencio sino gestos de impostura, premiar a torturadores, plantear que el país se constituya en productor de alimentos a nivel mundial. Queda claro, por tanto, que sin la denuncia constante y sistemática de esa “a instancia de parte”, esto es, sin las voces de las víctimas de las violaciones de derechos humanos, la garantía de los derechos humanos en Paraguay siempre estará en duda. Pero también esa fue la manera en que realmente se desarrollaron los derechos humanos; no porque algún Ejecutivo los contuvo, sino por la lucha de los pueblos mediante el ejercicio rotundo de las prácticas de libertad.