EL NORTE SIGUE MILITARIZADO: LAS COMUNIDADES ENTRE ZOZOBRAS, TEMORES Y AMEDRENTAMIENTOS POR LA FTC

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Artículo de Abel Irala y Vidal Acevedo para el Informe de Derechos Humanos 2016

En el año 2016 los organismos de seguridad del Estado, a través de policías, militares, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, han generado a la comunidad de la zona Norte miedo, zozobras, temor, angustia, desconfianza e inseguridad. En realidad este ha sido el papel de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) creada con el fin de combatir al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la extinguida Agrupación Campesina Armada (ACA). Este artículo da cuenta de cómo el Estado socava los derechos fundamentales de las personas que habitan en la zona. En lugar de garantizar la protección de las mismas, ha instalado prácticas de un régimen autoritario en el que la resolución del conflicto solo consiste en generar mayor violencia y no una presencia estatal con políticas sociales que contribuyan con la disminución de las brechas sociales y económicas existentes. Estas tienen como trasfondo el uso y la mala distribución de la tierra ante un modelo económico que se expande y que genera desplazamiento de personas de sus espacios naturales o tradicionales para dar lugar a la agricultura a gran escala o ganadería intensiva.

INTRODUCCIÓN

En el proceso de evolución seguido por el derecho a la paz, en diciembre de 1978, por medio de la Resolución N° 33/73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se dio el primer reconocimiento significativo de este derecho.

En esta Asamblea se proclamó la declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz, que en su primer artículo manifiesta, entre otros postulados: “Toda nación y todo ser humano (…) tiene el derecho inmanente a vivir en paz. El respeto de ese derecho, así como de los demás derechos humanos, redunda en el interés común de toda la humanidad y es una condición indispensable para el adelanto de todas las naciones, grandes y pequeñas” (Naciones Unidas, 1978).

El derecho a la paz y al desarme entonces se inscribe dentro de los derechos humanos de solidaridad y derechos de los pueblos, que se refieren, entre otros derechos, a la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz y la coexistencia pacífica, así como al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, al desarrollo y a la justicia social internacional. También al uso de los avances de las ciencias y la tecnología, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos, ecológicos, al igual que a un ambiente sano, al patrimonio común de la humanidad y al desarrollo que permita una vida digna.

La paz no debe ser entendida solamente como ausencia de conflictos bélicos, sino que tiene que ser garantizada por el Estado a través de políticas sociales que respeten los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

MARCO JURÍDICO

La Constitución Nacional establece en el artículo 144 que el Estado paraguayo renuncia a la guerra de agresión, pero sustenta el principio de legítima defensa. Además expresa en el mismo marco normativo, que esta renuncia es compatible con sus derechos y obligaciones como Estado miembro de la Organización de Naciones Unidades (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) así como su reconocimiento de un orden jurídico supranacional (art. 145) que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz y la justicia, entre otros. En virtud de tal membresía y reconocimiento, así como de la subsecuente adhesión y ratificación de instrumentos internacionales, el Estado paraguayo se obliga correlativa y simultáneamente a eliminar la guerra y a garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos.

Entre tales instrumentos, por ejemplo, cabe citar la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz de las Naciones Unidas (1984a), aprobada mediante Resolución Nº 39/11 de la Asamblea General. Dicha declaración “proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen un derecho sagrado a la paz” (art. 1) y plantea que “proteger el derecho de los pueblos a la paz y fomentar su realización es una obligación fundamental de todo Estado” (art. 2).

El Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[1], a través de los cuales se alcanzó la protección jurídica de derechos humanos fundamentales, formulan en su artículo 1 el derecho humano de autodeterminación de los pueblos, cuyo sujeto es colectivo.

Por su parte, la Declaración sobre el derecho al desarrollo proclama este como un derecho humano inalienable de “todo ser humano y todos los pueblos”. La declaración opta por la doble naturaleza individual y colectiva de ese derecho, interpretación que podría considerarse una pauta para el resto de los derechos. En el mismo sentido, el artículo 1 de la Declaración Universal señala que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros” (Naciones Unidas, 1948).

Por ende, y conforme a estos instrumentos, el derecho a la paz está vinculado al derecho a la autodeterminación, al desarrollo, tanto para sujetos colectivos como para todos/as y cualquier ser humano individual. Asimismo, existen restricciones para la actuación del Estado que también están vinculadas con el derecho a la paz. Así la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, compromete a los Estados firmantes a que bajo ninguna circunstancia o excepciones de guerra o amenaza de guerra o cualquier tipo de inestabilidad o emergencia podrá justificar un acto de tortura (art. 2), así mismo no podrá invocar orden superior o autoridad pública para justificarlo (art. 3) (Naciones Unidas, 1984b).

A pesar de esta normativa nacional e internacional respecto al derecho a la paz y a las obligaciones y restricciones que el Estado debe tener en cuenta para garantizarla junto con los derechos humanos concurrentes, en el año 2013 se aprobó y entró en vigencia la Ley Nº 5.036/13, la cual es inconstitucional en lo que respecta a lo establecido en sus artículos 1 y 2, así como lo es el artículo 1 del Decreto Nº 103/13, dado que en dichas normas se le otorga a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) funciones que competen a la Policía Nacional (Irala y Acevedo, 2013). Las funciones de las FF.AA., de acuerdo al artículo 173 de la Constitución, son sola y exclusivamente la defensa de la integridad territorial ante agresiones externas y de las autoridades legítimamente constituidas. De tal modo, por no estar expresamente incluidas entre estas funciones, no son de su competencia circunstancias tales como: la intervención en situaciones de extrema gravedad en que el sistema de seguridad interno resulte insuficiente, la persecución de delitos, etc., que han sido incluidas en la normativa legal reglamentaria arriba citada.

En tal sentido, la Ley Nº 1.337/99 “De Defensa y Seguridad Interna” inicialmente establecía un sistema de defensa concebido para que el Estado pudiera “enfrentar cualquier forma de agresión externa que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República, o el ordenamiento constitucional democrático vigente”. Así, pues, dada la naturaleza de la cuestión legislada, la Constitución de 1992 establece claramente las funciones tanto de las FF.AA. como de la Policía Nacional. En relación a la segunda establece que:

La Policía Nacional es una institución profesional, no deliberante, obediente, organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación. Dentro del marco de esta Constitución y de las leyes, tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección judicial, investigar los delitos. La Ley reglamentará su organización y sus atribuciones (art 175).

Conforme a todo esto, se puede afirmar que difícilmente las actuaciones del grupo criminal EPP pueden ser tomadas como un riesgo cierto de que las autoridades sean depuestas a través de los atentados y otros ataques reivindicados por la banda, que sí han costado la vida de efectivos de las fuerzas públicas y civiles, por lo cual no constituyen una situación constitucionalmente reglada en la que las v. deben intervenir. En tal sentido y conforme al principio de la legalidad administrativa que rige en el ámbito del derecho público, ningún órgano del Estado puede ejercer una atribución que no le esté expresamente conferida (Mendonça, 2015).

De cateos, robos y atropellos a familias campesinas

La Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) lleva un poco más de 3 años intentando reducir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, probablemente con más desaciertos que aciertos. Entre los desatinos que se cometen se encuentran operativos fallidos que atentan contra la seguridad e integridad de civiles, en especial familias campesinas de distintos asentamientos rurales.

Nada más a unos días de su creación, la FTC en el año 2013 había “allanado” el domicilio del profesor Ramón Denis Cardozo. Los altos jefes voceros de la FTC no respondieron a su obligación de informar y explicar lo ocurrido, tampoco el tino suficiente para admitir públicamente que se trató de un error, pero con el tiempo quedó evidenciado que se trataba del primer atropello armado de la FTC a integrantes de una comunidad campesina (Simón, 2015).

Tres años después se siguen denunciando situaciones similares a la ocurrida en el domicilio de Ramón Denis Cardozo y otras personas que han sido víctimas del actuar de la FTC en el Norte del país. Un reporte de prensa del diario Última Hora relata un procedimiento realizado en enero del 2016 en el domicilio de Juan Silvio Villalba, ubicado en el distrito de Horqueta:

López (el fiscal), en compañía de policías y militares de la FTC, irrumpió a las 3.30 en la vivienda de la familia Villalba Vera, ubicada en la compañía San Miguel, de Horqueta. Echaron a patadas la puerta y removieron sus pertenencias. Al no hallar nada, explicaron que era una equivocación. Según Juan Silvio Villalba, dueño de casa, fue injusta la actuación de la FTC: Nos acostaron cuerpo a tierra, asustaron a las criaturas, echaron a patadas la puerta y luego se disculparon porque erraron de casa.

Si los allanamientos fallidos existen y son una preocupación –al menos para las organizaciones civiles y pobladores de las zonas militarizadas, a juzgar por las distintas denuncias realizadas por personas afectadas por el actuar de la FTC–, también existen detenciones, apresamientos y hasta muerte de personas que podrían ser consideradas como actuaciones “equivocadas” por parte de las fuerzas estatales.

Estas graves acciones están protegidas por un fuerte cinturón de impunidad, que les permite seguir llevándolas a cabo sin dar explicaciones de las muertes que se les atribuyen y de las diferentes denuncias por el uso excesivo de la fuerza. Por lo tanto, existe una suerte de descontrol en las acciones que estas fuerzas emprenden. Es un riesgo para la institucionalidad democrática del país que el denominado “informe de inteligencia[2]” pueda ser suficiente para involucrar a una persona como apoyo logístico del EPP, reclutador, presunto combatiente o simpatizante del grupo criminal, lo cual no es una prueba sustancial para simplemente exhibir a personas como culpables.

Es común que se presenten como evidencias o elementos de prueba: chips de celulares, aparatos celulares o armas viejas utilizadas para cazar animales silvestres, entre otros objetos de utilidad genérica tales como ropa interior, cepillos de dientes, preservativos y cucharas[3]. La FTC y la Fiscalía estiman que objetos de este tipo podrían ser de uso de, o indicio de conexión con, los guerrilleros. En realidad y por sentido común, un número casi infinito de objetos puede cumplir con estas condiciones al punto que llevado al absurdo las fuerzas represivas pueden afirmar, por dar un ejemplo, de que si en un rancho cualquiera hay un árbol frondoso, esto constituye fehaciente prueba de que allí se ocultan o resguardan los del EPP para colgar sus hamacas y por lo tanto, los dueños del rancho son sus encubridores.

En marzo del 2016, se presentó otra de las tantas denuncias públicas contra el actuar de la FTC. La señora Rosa Emigdia Aquino, de la localidad de Kuruzú de Hierro, departamento de Concepción, informó que en horas de la madrugada efectivos de la FTC ingresaron a su vivienda luego de forzar las puertas y sacaron a rastras a su pareja, Alfonso Dávalos. En la crónica del diario ABC Color del 12 de marzo del 2016, se publicó la versión de la señora Aquino:

A mí me apuntaron en el pecho con un arma y me pusieron contra la pared. Hace dos meses que me operaron y tengo reposo por seis meses, hasta ahora siento dolores en la espalda. Mis hijos se asustaron y no podían abrir la puerta, los de la FTC patearon la puerta y a la fuerza le quitaron a mi hija de la pieza, ella también está con dolores en el cuerpo”, sostuvo Aquino. Según el relato, en todo momento preguntaban por las “visitas” que tuvieron, en referencia a miembros de la ACA.

“Nos preguntaron por una tal Lili que es una mujer rubia, según los de la Fuerza de Tarea Conjunta, pero nosotros no sabemos nada de esa mujer le dijimos”, refirió. También denunció que tras culminar el cateo, los miembros de la FTC se llevaron la cédula de su esposo y G. 200.000 en efectivo. El vocero de la FTC, Tte. Cnel. Raúl Pereira, negó que haya habido tortura[4].

Julián Ojeda, asesinado por la FTC

Julián Ojeda falleció a consecuencia de las acciones de los efectivos policiales y militares de las FTC, desplegadas en la zona de Kuruzu de Hierro, distrito de Azotey, departamento de Concepción, a poco más de 400 km de la capital paraguaya.

El hecho sucedió el 18 de diciembre de 2015, en horas de la tarde y de acuerdo a las escuetas declaraciones de la FTC, Ojeda y otras dos personas supuestamente pertenecientes al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se enfrentaron a tiros con efectivos de la fuerza estatal, muriendo Ojeda en este enfrentamiento. También dijeron que lo encontraron vestido con camisa camuflada parapara’i, un fusil y balas de grueso calibre.

Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py), la Pastoral Social de Concepción, el Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP), representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Concepción– llegó hasta la vivienda de Ojeda para el levantamiento de testimonios con la familia; su viuda, Leónidas Villalba, y sus hijos, quienes repudiaron el hecho del asesinato y repudiaron la versión manifestada por la FTC, exigiendo a la vez su esclarecimiento[5].

Imputación de los hermanos Morales[6]

El Serpaj-Py realizó una entrevista en la Penitenciaria de Concepción a los hermanos Víctor y Gregorio Morales, ambos imputados como supuestos colaboradores del grupo criminal EPP a fin de conocer su versión de los hechos. Durante la entrevista los mismos indicaron que el actuar de la FTC se basa en sospechas y en rumores: “(…) una persona que es sospechosa ya no tiene derecho, aquí ellos (refiriéndose a la FTC) incluso matan y no hay dónde reclamar y nosotros entendemos que nuestra detención responde a eso”.

Víctor y Gregorio Morales admitieron que tienen antecedentes policiales porque luchan por el acceso a la tierra:

Si nos preguntan si tenemos antecedentes, sí tenemos antecedentes. Para ellos son frondosos antecedentes, nosotros somos dirigentes sociales, estamos en la lucha permanente. Automáticamente al entrar en una tierra te acusan por daños y perjuicios, abigeo, secuestro, amenaza de muerte, violación a la propiedad privada, en el momento de luchar por la tierra, ya te acusan por esto. Estos son los antecedentes que tenemos. Nosotros somos agricultores de mandioca, el rubro principal, carbonero, tractorista, hacemos de todo un poco, esto es lo que exige la realidad en esta zona.

Así también relataron la violencia con que procedieron los efectivos de la FTC en la madrugada en que allanaron sus domicilios, actuando con prepotencia en todo momento, sin dar explicaciones, sin presencia del agente fiscal (quien se hace presente finalizado el operativo), que incluyó: rotura de puertas, golpes, amedrentamiento, encañonamiento con arma de fuego frente a sus familiares, entre otros abusos cometidos.

En Agüerito hay un destacamento militar, hasta ahí me llevaron, llegamos ahí, fue muy violento y muy rápido. A mí me hicieron acostar en la carrocería, desde ahí me hablaban. Cuando llegamos al destacamento le encontré a mi hermano, nos acercamos y le pregunté: qué es lo que está pasando. Y él me respondió: “desastre me hicieron”, relató Gregorio Morales.

Lo singular de la intervención de la FTC en el caso de los Morales, según el relato de los mismos, es que una vez esposadas y reducidas las personas consideradas sospechosas no son trasladadas a una comisaría o a la fiscalía. Por el contrario, son llevadas a un destacamento militar, en vehículos sin chapas, sin exhibir orden judicial alguna o explicar cuál era el motivo de la violenta detención. En el destacamento militar fueron presentados a los medios de prensa y obligados a firmar un papel cuyo contenido desconocían: “En el destacamento nos pegaron y nos obligaron a firmar un papel. Nosotros firmamos”.

Por la manera en que interviene la FTC se sostiene la hipótesis de que la misma, más que un órgano creado para combatir a grupos criminales, funciona como un fuerte dispositivo de disciplinamiento social en medio de tensiones y conflictos rurales alrededor de la grave disputa por la tierra en Paraguay, cuyo transfondo es el uso y la mala distribución de la tierra. Ante un modelo económico que se expande y que genera desplazamiento de personas de sus espacios naturales o tradicionales para dar lugar a la plantación de cultivos a gran escala o ganadería intensiva.

Igualmente en la zona Norte existen otros casos de privación ilegítima de libertad de personas que fueron presentadas públicamente como apoyo logístico del EPP. El caso de los hermanos Martínez de San Miguel, ocurrido el 18 de enero de 2016 en Horqueta, departamento de Concepción, fue relatado por testigos en una entrevista a referentes del Serpaj-Py:

Todos los militares que vinieron estaban vestidos de parapara’i, estaban armados, tenían las caras cubiertas, solo se les veían sus ojos. Del susto no vimos si tenían nombre. También le agarraron a mi otro hermano, Dionisio. A él le llevaron al fondo y le hicieron arrodillar, le dijeron que le iban a matar, le apuntaron y le dijeron: “Te vamos a matar”. Mi hermano le preguntó: “¿Porque me van a matar?, nosotros no sabemos nada, me vas a tener que matar porque yo no sé nada, yo soy inocente, no sé nada”. Los militares le llevaron otra vez hasta su casa. En ese momento mi otro hermano, el petiso, quien desde siempre le tuvo miedo a los policías y militares, empezó a correr. Ese es un problema que él siempre tuvo, ve un uniformado y corre (…). Cuando mi hermano empezó a correr le dispararon como para matarle. La fiscala dio la orden de disparar. “Matale nomás”, dijo. La fiscal es una mujer, no recordamos el nombre.

Los hermanos Martínez fueron traídos hasta Tacumbú por dos meses y posterior a la revisión de la medida volvieron a sus hogares bajo prisión domiciliaria. A meses de lo ocurrido, según expresiones de la familia, siguen viviendo con miedo y hasta ahora no entienden por qué les paso eso: “Todos nos conocen acá y saben que somos personas trabajadoras”.

Otro caso llamativo es la de Cecilia Acosta, quien guarda reclusión en la penitenciaría Regional de Concepción, desde abril de 2016. La misma relató que:

Esto pasó el 19 de abril, a las 8:30 de la mañana, yo no estaba en mi casa, cuando llegué ya les encontré nomás. Llegaron a mi casa entre muchos militares, todos eran hombres vestidos de militares, como 50, me mostraron un papel que decía que tenía una orden de detención. Ellos entraron a mi casa, forzaron mi puerta, destruyeron todo lo que podían, sarambí hicieron de arriba a abajo, rompieron todo. Los que vinieron estaban estaban con la cara descubierta, también estaba un fiscal. Después me llevaron directo a Horqueta en la comisaría. Ahí me tuvieron casi 6 a 7 horas, para las 16 horas de la tarde ya me trajeron acá. Ellos me acusan de ser apoyo logístico, supuestamente allanaron un campamento y encontraron una foto en el campamento supuestamente del ACA. Por eso me trajeron, porque supuestamente ahí encontraron mi foto en una computadora. Yo vi la foto, en la foto no estaba haciendo nada, estaba con ropa normal, sentada, solo esa foto, por eso me acusan. En el papel que me mostraron decía muchas cosas. 14 acusaciones me hicieron. Supuestamente hace 2 años que me estaban buscando, yo hace tres años que vivo allí, estaba en España. Tengo una despensa, todos me conocen, incluso los policías porque llegaban a comprar cosas.

El más emblemático de estos casos es la condena de Pablo Valiente Chaparro a 17 años de prisión por supuesto apoyo logístico del EPP. Su culpa fue que la FTC encontró un pendrive en un supuesto campamento allanado que contenía una foto suya[7].

Atentado y muerte contra 8 militares de la FTC

El sábado 27 de agosto de 2016 ocurrió la muerte de 8 militares en el Núcleo 6 de la zona del Asentamiento Arroyito, distrito de Horqueta, departamento de Concepción. Los efectivos militares fallecidos fueron el subteniente de Caballería Félix Fernando Fernández Duarte, los sargentos 1° de Infantería Rober Fabián Cañete Pereira, Dejesús Torrasca Galván, Eder Arias y Hugo Candia, los vicesargentos 1° de Infantería Genaro Dejesús Arias Palacios, Pablo Farías y el Sargento 2° Sergio Daniel López. El gobierno acusó a los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) de ser los autores del atentado. Inmediatamente las fuerzas represivas iniciaron la búsqueda de los criminales en los ranchos campesinos. Los pobladores del asentamiento mediante un comunicado a la opinión pública fueron claros en repudiar este hecho de violencia, así como todos los hechos de violencia, provengan de donde provengan, enfatizaron[8].

El nuevo hecho de violencia extrema que conmovió a la sociedad paraguaya tuvo como escenario el departamento de Concepción, donde las organizaciones sociales y campesinas llevan años en la lucha contra la expansión del modelo extractivista. A través de varias acciones vienen exigiendo el cese de la expansión de la siembra sojera y reclaman a las autoridades locales declarar sus distritos como zonas libres de agrotóxicos, para evitar la fumigación masiva sobre las comunidades campesinas e indígenas[9].

El asentamiento campesino Arroyito, lugar que podría considerarse como uno de los hitos de la lucha campesina por la tierra en Paraguay, fundado a partir de una ocupación hace 27 años, en donde se ganaron 8.600 hectáreas para que alrededor de 800 familias estén viviendo y produciendo en el lugar, fue el primer asentamiento ganado por las campesinas y los campesinos después de la caída del dictador Alfredo Stroessner. El sacerdote Francisco Oliva define a esta como “una comunidad luchadora, pero presionada por los sojeros, ganaderos, narcos, militares y policías”[10].

Arroyito, como muchas otras comunidades campesinas, sufre de falta de caminos, atención en salud, educación, pero es víctima también de un proceso con alto grado de estigmatización y violencia estatal. La excusa de que el EPP está vinculado a la comunidad campesina en cuestión se utiliza para ingresar al asentamiento y realizar allanamientos, operativos militares y policiales violentando a mujeres, varones y niños/as, utilizando métodos para humillar y degradar a las personas, detenerlas por “sospechosas”, patrullar constantemente sus calles, controlar las radios comunitarias, atemorizar a los pobladores/as, sobrevolar el lugar, así como instalar un destacamento militar prácticamente en la entrada de la comunidad.

El despertar de la ciudadanía del Norte y sus reclamos por el desarme

Durante el transcurso del año 2016, a diferencia de los anteriores, se han producido una serie de protestas, denuncias y pedidos por parte de múltiples sectores que urgen la eliminación de la FTC, entendiendo que éstas actúan en base a una ley que quebranta la Constitución Nacional.

En abril de este año, más de quinientos pobladores/as del citado asentamiento Aguerito, departamento de San Pedro, realizaron una marcha por la ciudad de Santa Rosa del Aguara’y, exiguiendo la desmilitarización de la zona norte, así como el retiro de las FTC, denunciaron que las mismas realizan acciones fuera de la ley y que incluso torturan y acosan a campesinos, bajo la excusa de ser “apoyo logístico” del EPP, en este mismo acto, reclamaron la liberad y sobreseimiento de los hermanos Morales[11]. Asimismo, al momento del cierre de este informe, está en curso una importante iniciativa ciudadana, con el apoyo de sacerdotes de la zona norte, que consiste en una campaña de recolección de firmas para exigir la abolición de la FTC[12].

Es altamente valorable que las comunidades campesinas, cansadas de ser estigmatizadas, golpeadas y coaccionadas constantemente hayan logrado construir espacios para repudiar la violencia con que se actúa hacia ellas y denunciar la falta de resultados que acarrea la política de seguridad militarizada.

Ante las abultadas denuncias contra la FTC y los distintos métodos de protestas ciudadanas, también sectores políticos, especialmente en el Congreso Nacional, han ido tomando cartas en el asunto a través de dos audiencias públicas realizadas en la sala bicameral, la primera en diciembre del año 2015, que fue convocada por el Senador Hugo Richer en su carácter de Presidente de la Comisión de Derechos humanos del Senado y el Serpaj Py, con el fín de “promover el debate sobre los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Ley Nº 5.036/13 ‘De Defensa Nacional y de Seguridad Interna’” y la segunda en octubre del 2016, convocada por el Senador Pedro Santacruz, quien había presentado un proyecto de derogación de la citada ley. En dichas audiencias las “Denuncias de pobladores y dirigentes sociales de Concepción y San Pedro sobre atropellos, amedrentamiento de mujeres y niños, actos de violencia, abuso de autoridad, simulación de hechos punibles y numerosas ilegalidades por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fueron la constante…” .

Probablemente este haya sido el año en que el Senadores y Diputados hayan dedicado mayor tiempo a discutir sobre los alcances de la modificación de la Ley Nº 1.337/99 y los efectos de la creación de un cuerpo armado como la FTC, a pesar de que el proyecto de ley para derogar la Ley Nº 5.036/13 no prosperó en la Cámara de Diputados, el debate generado y las audiencias impulsadas por los Senadores son indicadores positivos de que va quedando evidencias de la necesidad de enmendar el error de habilitar al presidente de la República de disponer del uso de las Fuerzas Armadas por decreto presidencial.

Acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley N° 5.036/13

La duda sobre la legalidad y legitimidad de la FTC es la sombra que la acompaña desde su instauración por parte del gobierno de Horacio Cartes, que demuestra constantemente debilidades en su política de seguridad. También quedan en evidencia los escasos resultados del uso de las FF.AA. para intervenir en la prevención y represión de grupos delictivos.

Ya nos hemos referido en informes anteriores sobre los argumentos que esgrimen varias organizaciones sociales, juristas renombrados (V.g. Mendonça, 2015) y otros actores sociales sobre la colisión existente entre las modificaciones a la Ley N° 1337/99 y la Constitución Nacional, voces a quienes se suman las planteadas en el Senado.

Ramón Denis Cardozo, Ignacio Sosa Ortega, Epifanio Cabañas Sainz y Gumersindo Toledo, bajo patrocinio de Serpaj-Py, en el mes de mayo de este año han promovido una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 de la Ley N° 5.036/13 “Que modifica y amplía los artículos 2, 3 y 56 de la Ley N° 1.337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna” y contra el Artículo 1 del Decreto del Poder Ejecutivo N° 103/2013, por violar los artículos 173 y 175 de la Constitución Nacional.

Los crímenes de la Senad

La Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay (Senad) es la encargada de impulsar la estrategia de lucha contra el narcotráfico. Orgánicamente depende de la Presidencia de la República. Sin embargo, su organización, sus actuaciones y principios están bajo la sombra de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Esta es una vinculación cada vez más visible y hasta los mismos políticos tradicionales se ven obligados a admitir esta situación, como el caso del senador liberal Carlos Amarilla, quien expresó: “En el mundo político se habla de que la Senad no es más que la tapadera de la DEA. Es momento de poner a la luz del día esa relación. En cualquiera de los casos no sería pertinente que tengamos una pantalla que permita la operación de una agencia internacional sin que nosotros tengamos el control de la situación”. El senador Hugo Richer, del Frente Guasu, también expresaba en el año 2015 sobre la íntima correspondencia entre estos organismos “Hay una confusión de quién dirige la lucha contra el narcotráfico, ¿es la Senad o la DEA?”.

La investigadora Stella Calloni sostiene que la DEA no busca abolir o terminar con el narcotráfico. En efecto, el tan mencionado “combate” no es otra cosa que una estrategia de control del negocio ilícito. “(…) Es evidente que no pretenden combatir el narcotráfico, sino tenerlo bajo su control. Todos sabemos que se trata de un negocio de millones y millones de dólares”, asegura Calloni. De hecho, las drogas son parte de los tres productos de mayor intercambio y circulación en todo el mundo. Paraguay es considerado un “paraíso de las drogas” facilitando el tráfico de varias mercancías, principalmente el de cocaína, y a la vez siendo uno de los mayores productores de marihuana en el continente. La DEA está ubicada justamente en las zonas de mayor tráfico de toda la ilegalidad que se mueve en el país.

En consecuencia, el interés mayor radica en el control sobre al narcotráfico, que es ejercido por la DEA y utiliza como uno de sus órganos ejecutantes a la Senad. Esto facilitó que dicha secretaría fuera adquiriendo facultades que constitucionalmente no le estaban permitidas, como el uso de armas de grueso calibre, sumando la represión y la acción parapolicial a sus funciones. Formalmente la Senad pretende ser “una institución profesional, organizada y entrenada para cumplir de forma eficiente su misión” (Senad, s/f). También menciona que lo hará respetando los derechos humanos.

A propósito, es conveniente recordar que agentes especiales de la Senad realizaron un fatal y fallido operativo el sábado 18 de junio del 2016 en la localidad de Nueva Italia, departamento Central. Los agentes fuertemente armados incursionaron en una propiedad privada, abrieron disparos y mataron a una niña de 3 años que iba a bordo de una camioneta con su familia, y que se comprobó nada tenía que ver con tráfico alguno. Expusieron una vez más su poder de fuego sobre la población civil, un poderío que atenta contra la Constitución Nacional y que desde hace varios años organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos vienen reclamando.

Esa nueva acción criminal perpetrada por la Senad dejó al desnudo varias de las críticas que se realizan sobre los operativos que impulsan sus agentes, inmiscuyéndose en tareas que son exclusivas de la Policía Nacional y el Ministerio Público como organismos encargados de la seguridad interna. El episodio concluyó con la renuncia del ministro Luis Rojas. El escandaloso asesinato ha despertado la indignación de la ciudadanía y se ha extendido incluso hasta algunos sectores políticos.

En varias ocasiones ya se han constatado y denunciado actuaciones similares por parte de la Senad, especialmente en el interior del país, pero nunca ha tenido una repercusión como el caso en cuestión. Sin embargo, este caso tuvo amplio eco por haber afectado a una conocida familia del ámbito empresarial, Zanotti Cavazzoni. Por el contrario, en Paraguay es casi indiferente la muerte de un campesino o de un indígena y su impacto en la sociedad y en el debate público siempre es mínimo.

El gobierno destina millonarios recursos y presenta como el principal problema en materia de seguridad al EPP. Sin embargo, las muertes generadas por el narcotráfico son significativamente mayores y los grupos ligados a la producción y tráfico de estupefacientes son menos perseguidos por las fuerzas públicas. Según reconoció en declaraciones periodísticas el propio presidente del Congreso, Roberto Acevedo, el EPP ha causado unas 50 muertes desde su aparición hace poco menos de una década. Sin embargo, solo en Pedro Juan Caballero el narcotráfico causa entre 80 a 90 muertes por año.

Corrupción en las FF.AA

En julio de este año fue denunciado por hechos de corrupción Luis Gonzaga Garcete Espínola, comandante de las Fuerzas Militares, y su esposa Lucía Duarte de Garcete. Esta cobraba alrededor de G. 3.500.000 todos los meses sin asistir a su puesto de trabajo en el Ministerio de Defensa. La mujer, a su vez, se dedicaba presuntamente a ejercer otras labores en una empresa privada durante el mismo horario laboral, específicamente como presidenta de la Fundación Nuestra Señora de la Asunción (Funsa).

En la denuncia consta que entre los años 2008 y el 2010 la esposa del comandante habría fijado domicilio en el Brasil, mientras seguía cobrando su salario en los Ministerios de Educación y Cultura y de Defensa Nacional.

El hecho de corrupción se extendió, presuntamente, a más de un cobro indebido de honorarios. Ambas personas denunciadas también utilizaban la infraestructura y los recursos humanos de las Fuerzas Armadas en beneficio de la Funsa, disponiendo de funcionarios militares, camiones y ómnibus de las FF.AA. para el desarrollo de las actividades de la fundación. Por otra parte, la denuncia contra el comandante Luis Gonzaga Garcete indica la supuesta utilización de recursos humanos en quehaceres de tipo particular y no de las funciones asignadas en el ámbito castrense[13].

A tres meses de la denuncia de estos hechos, el presidente Horacio Cartes oficializó la destitución del comandante de las Fuerzas Armadas Luis Gonzaga Garcete.

RECOMENDACIONES

  • Derogar la Ley N° 5036/13, que modifica y amplía los artículos 2, 3 y 56 de la Ley N°1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna por extralimitar las funciones de las FF.AA. propiciando abusos y violaciones de derechos humanos.
  • Investigar en forma exhaustiva las denuncias de los abusos y muertes ocurridos a partir de la intervención de la FTC.
  • Investigar en forma exhaustiva, por parte del Ministerio Público, los atentados y hechos realizados que han ocasionado muerte de oficiales militares, respetando el debido proceso y las garantías judiciales, a fin de que sean castigados los verdaderos responsables y exista mayor certidumbre y veracidad respecto a los hechos que se registran en la zona.
  • Evitar la utilización de la intervención de las Fuerzas armadas en conflictos sociales.
  • Avanzar en los procesos de esclarecimiento de muertes y desapariciones forzosas en los cuarteles.
  • Eliminar la denominada justicia militar, puesto que continúa solo manteniendo un sistema de impunidad sobre los casos que se investigan.
  • Disminuir el gasto militar y reinvertirlo de manera proporcional respondiendo a las necesidades de la ciudadanía.
  • Reestructurar el destino y funcionamiento de los establecimientos militares en las zonas urbanas para asignarlos a centros hospitalarios o educativos.

BIBLIOGRAFÍA

Irala, Abel y Vidal Acevedo (2015) “Avance de la militarización, inconstitucional uso de las fuerzas militares y peligrosa normalización de la violencia” en Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay Yvypóra Derecho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay. Asunción: Codehupy.

Mendonça, Juan Carlos (2015) Dictamen. Análisis Constitucional Ley 5036/13. Asunción: Serpaj-Py

Naciones Unidas (1978) Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante el 33° período de sesiones. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/ag/res/33/ares33.htm

Naciones Unidas (1984a) Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RightOfPeoplesToPeace.aspx

Naciones Unidas (1984b) Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Disponible en: www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspxhttp://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx

Simón, Alberto (2015) Análisis sobre casos de tortura y violaciones a los DDHH en la zona norte del país. Asunción: Serpaj-Py. Disponible en: http://rosaluxspba.org/wp-content/uploads/2016/01/Análisis-sobre-casos-de-TORTURA-y-violaciones-a-los-DD.HH_.-en-la-zona-norte-del-pa%C3%ADs..pdf



[1] Pactos Internacionales de derechos civiles y políticos y Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por resolución Nº 2200/1966 de la Asamblea General de la ONU. Disponibles en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx y http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx respectivamente.

[2] El informe de inteligencia, denominado así por la Policial Nacional, es un documento que en teoría contiene información de seguridad nacional

[3] Codehupy, 5 de octubre de 2016. Disponible en: http://www.codehupy.org.py/noticias/ver-noticia/84/quienes-somos

[5] Serpaj-Py, 24 de diciembre de 2015. Disponible en: http://www.serpajpy.org.py/?p=4105

[6] Los relatos de los hermanos Morales, los hermanos Martínez y Cecilia Acosta fueron recogidos por una misión de Serpaj-Py en la zona y en este informe son publicados por primera vez.

[7] Inecip, 5 de setiembre de 2016. Disponible en: http://inecip.org.py/wp-content/uploads/2016/10/Observatorio-5.pdf

[9] Base IS, 23 de febrero de 2016. Disponible en: http://www.baseis.org.py/la-agricultura-agroecologica-fue-declarada-de-interes-municipal-en-horqueta/; ver, asimismo. para mayor información sobre los conflictos generados por fumigaciones con agrotóxicos entre productores de gran escala y la ciudadanía y población campesina que exige a su sus autoridades municipales que prohíban o regulen tales fumigaciones, el artículo sobre reforma agraria de este informe.

[10] Rebelión, 8 de setiembre de 2016. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216462

[12] ABC Color, 23 de septiembre de 2016. Disponible en: http://www.abc.com.py/nacionales/juntan-firmas-contra-ftc-1521731.html