El Estado paraguayo presentó información errónea ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en Ginebra

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En su alocución del 27 de julio pasado, el viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, abogado Ariel Martínez, manifestó de manera tajante que “a la fecha, habiendo transcurrido ya cuatro años de la puesta en vigencia de la Ley N° 5036, no existe ninguna acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia”; cuando en realidad ya se han presentado dos acciones, impulsadas por cinco ciudadanos paraguayos, pobladores de las zonas militarizadas del departamento de San Pedro y Concepción, víctimas de los abusos de las FTC.

El miércoles y jueves de la semana pasada el Estado paraguayo defendió el VII Informe Periódico sobre el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el marco del 61° periodo de sesiones del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, realizado en Ginebra, Suiza.

En ese contexto de la presentación el viceministro respondió al comité sobre las preguntas hechas acerca de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), los operativos y la inconstitucionalidad de la ley.

Textualmente: “Las FTC operan desde el 2013 en el Paraguay. Todo su comportamiento está regulado por una ley que se dio a inicio de este periodo presidencial y es producto de las mayorías requeridas en ambas cámaras del congreso. Esta ley que fue sancionada en el 2013, obviamente puede ser atacada de inconstitucional por cualquier ciudadano paraguayo, pero a la fecha, a casi 4 años de su vigencia, no se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia, el órgano encargado de dictaminar sobre la constitucionalidad o no de alguna ley en el Paraguay, ninguna acción de inconstitucionalidad. Sí se ha manifestado, principalmente de algunas organizaciones de la sociedad civil en contra de la misma, y creemos que dichas manifestaciones fueron las que llegaron hasta acá pero dichas peticiones fueron planteadas justamente ante el Congreso por lo que creemos que esa es la vía adecuada para discutir si dicha ley sigue en vigencia o no. La inconstitucionalidad o no de la norma se debería discutir jurisdiccionalmente ante la Corte Suprema y como mencioné, en casi cuatro años de vigencia, ningún ciudadano paraguayo ha planteado ninguna acción de inconstitucionalidad ante dicha norma”.

En la fecha de hoy el Serpaj Paraguay presentó una nota al Comité Contra la Tortura contándole los pormenores del caso. VER Nota a la CAT

Se puede ver y escuchar al viceministro en este enlace, presentando esta declaración del min. 21.50 al 24.40 http://webtv.un.org/topics-issues/member-states/watch/consideration-of-paraguay-contd-1549th-meeting-61st-session-committee-against-torture/5524611730001/?term

Las acciones de inconstitucionalidad presentadas
En junio del 2016 se presentó la primera acción de inconstitucionalidad por cuatro pobladores del norte del país. La segunda presentación hecha por la señora Ma. Gloria González el pasado 20 de julio de 2017 también de la zona norte. Todos ellos han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte de las Fuerzas de Tarea Conjunta.

Sobre los casos presentados

    • Ramón Denis Cardozo, poblador del departamento de San Pedro, docente y director de la Escuela 3707 de la Colonia Oñondivepa desde hace más de 20 años, denunció que la noche del jueves 5 de setiembre de 2013 integrantes de las Fuerzas de Tarea Conjuntas, que se identificaron como militares, echaron todas las puertas de su domicilio, destruyeron su computadora, lo echaron de la cama, le pisaron la nuca, golpearon a uno de los hijos en la cabeza, les apuntaron con armas, acusando a Ramón de ser Elvio Ramón Cardozo, buscado por supuesto triple homicidio y por ser miembro del EPP.
    • Ignacio Sosa Ortega, poblador de la Colonia Oñondivepa, departamento de San Pedro, denunció vulneraciones en el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta la madrugada del 6 de setiembre del 2013: Le atropellaron 5 sujetos con pasamontañas y “parapara´i”, quienes lo tiraron al suelo boca abajo, así como a su esposa e hijos. Posteriormente le llevaron al fondo de su casa para cavar una fosa y dijeron que lo mataría, entre otros atropellos sufridos y denunciados a la fiscala Marta Sandoval, de la unidad especializada en derechos humanos.
    • Epifanio Cabañas, poblador de San Pablo de Kokueré departamento de San Pedro, fue víctima de agresiones en el mismo operativo de la FTC, en la madrugada del 6 de setiembre del 2013. En su denuncia ante la Fiscalía, señaló que las FTC actuaron con agresividad, amenazándolo a él y a sus 3 hijos, apuntándoles con armas de fuego.
    • Gumersindo Toledo, poblador de Arroyito, del departamento de Concepción, en octubre de 2014 fue víctima de torturas, golpes y simulacro de asfixia por miembros de la FTC en presencia y coautoria de una persona que le fuera presentada como el fiscal Joel Cazal.
    • Ma. Gloria González, durante un operativo realizado en fecha 5 de setiembre de 2014, las FTC irrumpieron de manera violenta en un lugar de residencia de sus familiares; ella recibió tres impactos de bala: en la mandíbula, brazo y glúteo. Fue abandonada durante horas en el pastizal, dos cuñados de la misma fallecieron debido a los disparos.

Enlace de las publicaciones sobre cada presentación de inconstitucionalidad
http://www.serpajpy.org.py/?p=4188
http://www.serpajpy.org.py/?p=5234

¿Por qué la Ley 5.036 es inconstitucional?

La ley 5.036 /13 introduce algunas pocas modificaciones que, sin embargo, alteran profundamente la ley original. El cambio más sustancial, correspondiente al artículo 2, confiere a las Fuerzas Armadas atribuciones para enfrentar agresiones internas, potestad que la Constitución sólo faculta a la Policía Nacional (Art. 175).

Se adjunta el Dictamen sobre la inconstitucionalidad de la Ley 5036/13 elaborado por el doctor Juan Carlos Mendonça http://www.serpajpy.org.py/?p=4100

 

Foto de portada: web el Ministerio de Justicia