Cómo comunidades campesinas de Paraguay usan la comunicación para rechazar la violencia y la militarización

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FOTO: Juan Carlos Meza/Fotociclo.

Sol Jara (20) no puede salir por las noches de fines de semana a visitar amigas o amigos, a ver una película, a escuchar música, a tomar un vino, a tocar la guitarra en ronda, a comer una pizza…

En Arroyito, a 430 kilómetros al Norte de la capital de Paraguay, en realidad ni jóvenes ni adultos  pueden salir desde cierta hora, porque están expuestos a los retenes, al arbitrio, al soborno, a la violencia y la criminalización de los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), la fuerza policial-militar que el actual gobierno paraguayo creó para combatir al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en 2013.

El Mecanismo de Prevención contra la Tortura de Paraguay (MNP) concluyó en un informe especial que pobladores de comunidades de esa región conviven en un escenario donde converge el asedio de la FTC,  grupos como el EPP, organizaciones delictivas del narcotráfico y sicarios contratados por productores de soja.

Sol forma parte de un grupo de 60 defensores y defensoras de derechos de comunidades de los departamentos de Concepción y San Pedro que pasaron por la Escuela Popular de Comunicación Campesina desde 2016.

Se trata de una iniciativa del Serpaj Paraguay que busca reconocer y potenciar el trabajo de comunicación que vienen haciendo estos defensores en documentar, denunciar atropellos y difundir la afirmación de derechos de sus comunidades.

El programa de formación de la Escuela combina el análisis de la comunicación desde la perspectiva de derechos; prácticas de comunicación escrita, radial, audiovisual y en redes sociales y la utilización de un protocolo elemental para cobertura en situaciones de riesgo.

A la vez la iniciativa busca articularlos centralizando toda la información emanada de las comunidades en un observatorio llamado Jesareko[1], una base de datos del país sobre violaciones de derechos humanos en el contexto de militarización de estos departamentos.

 

Extractivismo y militarización

FOTO: Juan Carlos Meza/Fotociclo.

 

En Paraguay la militarización de territorios se institucionalizó en 2013 con la Ley 5036, que modificó la Ley de Seguridad Interna para permitir que militares puedan hacer tareas de seguridad interna, de ahí surgió la unión de las fuerzas públicas de la policía nacional y la militar bajo el nombre de Fuerza de Tarea Conjunta.

Con esta nueva ley, además, el Ejecutivo ya no necesita la aprobación del Parlamento para enviar a las FF.AA. donde quiera, algo que varias instituciones democratizadoras del país ven como una acumulación de poder en el Ejecutivo, en un país marcado por varias dictaduras sostenidas por las FF.AA. en el pasado.

“Mediante la creación de la FTC se asistió a la profundización de un modo de regular los conflictos surgidos entre autoridad, territorio y derechos (…). En este modo el componente de militarización de la gestión de conflicto asume un lugar predominante con efectos y derivaciones en las poblaciones campesinas y especialmente en aquellas que presentan resistencia a la expansión del modelo de agronegocios…”, analiza Cristina Coronel, coordinadora del Serpaj Paraguay.

En Paraguay es muy ilustrativo este vínculo entre el avance del extractivismo y militarización, es muy común ver que policías y militares resguarden fumigaciones o siembras de soja -incluso ilegales- en tierras de resistencia campesina.

Mientras elaborábamos este reportaje esto hacían efectivos de la FTC en las colonias Manitoba y Santa Clara, distrito de Tacuatí (departamento de San Pedro), uno de los lugares con población campesina más asediada en los últimos años.

El analista uruguayo Raúl Zibechi analiza que el modelo económico extractivo avanza sobre los pueblos despojándolos de sus territorios y recursos, y que este avance no se puede entender sin militarización de estos territorios.

A pesar de la enorme resistencia campesina y la sensibilización ciudadana el crecimiento del extractivismo ha sido arrasador en Paraguay. En los últimos 10 años terminó ocupando el 94% de todas las tierras productivas del país, dejando solamente un 6% para la producción de alimentos para satisfacer el derecho a la alimentación nacional. Con esta dinámica se calcula que expulsó a 90 mil personas por año del campo.

Por este camino Paraguay alcanzó una superficie deforestada igual a todo el territorio de Panamá; alcanzó la importación de 180 kilos de agroquímicos por habitante/año, con vulneraciones en su sistema público de salud que todavía no se terminan de investigar; y liberó 22 cultivos transgénicos, que hoy amenazan con contaminar especies nativas y criollas

En las últimas dos décadas este avance, además, asesinó a 115 referentes campesinos defensores de derechos de sus comunidades.

 

“Nos sentimos inseguros con la presencia de militares”

“Ya son varios años que se está implementando esta estrategia y no hemos visto resultados favorables; al contrario, lo que hemos visto es más muerte de gente inocente, persecución sistemática de organizaciones campesinas y líderes campesinos y en sí una criminalización de la lucha campesina. Nos sentimos inseguros con la presencia de los militares acá, ya hay varias experiencias de malos procedimientos, actuando con violencia hacia gente inocente, lo que genera zozobra en la población y afecta a sus actividades. Por todo eso no estamos a favor de la militarización”, dice Sol Jara.

En sus cuatro años de existencia, la FTC gastó alrededor de 100 millones de dólares del presupuesto público y abatió a al menos 16 supuestos miembros del EPP. Pero la sociedad paraguaya ha visto cómo se multiplicaron los secuestros (al menos 12 desde la aparición del FTC) y la muerte de al menos 40 personas por parte del EPP, además del uso irregular y desproporcional de la fuerza militar contra comunidades campesinas de los departamentos de Concepción y San Pedro, atropellando sus derechos y garantías, como señala Sol.

Una sistematización del Serpaj Paraguay registró al menos 17 casos de violación de derechos de pobladores y pobladoras de comunidades rurales por parte de efectivos militares desde el 2011, entre  asesinatos, tratos crueles, tortura, detenciones arbitrarias, atropello de garantías, destrozos materiales, violencia psicológica, implantación de evidencias a personas inocentes, desprotección total a niños, niñas y adolescentes, controles indebidos a marchas estudiantiles y criminalización como forma de cubrir sus procedimientos erróneos o irregulares.

 

Re-militarización y vulneración de la democracia

El gobierno de Horacio Cartes no fue el único que apostó a la estrategia de enviar militares con armas de guerra, tanques, helicópteros y presupuestos reservados a los territorios como supuesta solución contra conflictos internos y especialmente contra el EPP.

En los años 90’s el protagonismo del elemento militar se debilitó, pero el ensalzamiento de la cultura del militarismo nunca se fue del todo.

“El militarismo es un sistema de dominación político, económico, social y cultural que forma parte de la cotidianeidad de nuestras vidas, representado y sustentado en lógicas y valores como el autoritarismo, la violencia, la obediencia ciega, la exclusión del otro/a, la sumisión, el control opresor de la sociedad, y la depredación de la naturaleza”, explica Serpaj América Latina.

Fue el gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) el que volvió a involucrar a las FF.AA. en sus estrategias de seguridad, profundizando con ello la vulneración de la democracia.

Este gobierno marcó un punto de inflexión en la utilización de militares para tareas de seguridad interna -marcada por grandes lagunas legales-  incluyendo la represión a los reclamos campesinos, explica Cristina Coronel.

Después el gobierno de alternancia de Fernando Lugo (2008-2012), antes que desarrollar políticas de seguridad más integrales a favor de los derechos, declaró dos estados de excepción que se materializaron a través de cinco operativos militares en los departamentos de Concepción y San Pedro para combatir al EPP, y que vulneraron los derechos de las poblaciones locales[2].

  

La comunicación como espacio de resistencia

Sol Jara en el programa “Ñemongueta derecho ári”. FOTO: Serpaj Paraguay

 

En este contexto, organizaciones campesinas y de la sociedad civil defensoras de derechos han salido a rechazar la violencia.

“No estamos solamente en contra de la militarización, sino de todo tipo de violencia, de todo lo que signifique violaciones de derechos humanos. Los que vivimos acá día a día, en medio de este enfrentamiento entre fuerzas políticas, económicas…estamos seguros de que la militarización de comunidades enteras, de comunidades campesinas, no es la forma de terminar con la delincuencia”, dice Sol Jara.

Una de las formas de rechazar la violencia, tanto estatal como para-estatal, ha sido la comunicación.

Además de denuncias que hacen a través de medios alternativos, organizaciones y redes sociales, el otro esfuerzo comunicativo es desmontar la estigmatización. Y para eso trabajan en mostrar la realidad tal cual es, con elementos como el sacrificio y  la cultura del trabajo, la solidaridad, la reciprocidad, la autogestión y otros valores que marcan a pobladoras y pobladores de su comunidad, que generalmente son mostrados como delincuentes por la prensa nacional.

Es en estos esfuerzos comunicativos donde la iniciativa del Serpaj Paraguay apoya.

“No quiero imaginar cuántas muertes más de gente inocente iba a haber si es que nos callábamos todas las injusticias. Si no están pasando más atropellos ahora tiene que ver con que no nos callamos”, dice Sol.

 

Una radio campesina con voz de mujer

Rosalba Muñoz. FOTO: Diakonía Latinoamérica

 

A 60 kilómetros  de la comunidad de Sol trasmite la radio OCN Comunicaciones FM 89.5, que debe su nombre a una de las organizaciones campesinas más emblemáticas de la región y madre de otras organizaciones locales y nacionales, la Organización Campesina del Norte (OCN).

La OCN fue una de las más golpeadas por la criminalización oficial y mediática en 2007 y hoy se está recomponiendo a partir de proyectos productivos que tienen como base la agricultura ecológica.

Todos los días su radio apuntala este proceso mostrando experiencias productivas, diversificación de cultivos, consejos técnicos y logros de las familias.

“La radio es una herramienta fundamental al servicio de la gente, sirve para pasar la realidad tal cual es acá, contarle a la gente, analizar con ella sobre cómo nos afecta el modelo de agronegocio y cómo nos afecta la militarización”, dice Rosalba Muñoz (29), su coordinadora.

Sin tener idea de lo que era hacer radio y menos de dirigir una, Rosalba asumió hace seis años dirigir este proceso. “Empecé desde cero, escribía todo lo que iba a decir, hacía guiones para cada programa…participaba de cuanto taller había sobre el tema”, recuerda.

Participar de la Escuela de Comunicación  robusteció su trabajo y actualmente está profundizando su formación estudiando la carrera de Periodismo en Concepción. Rosalba y Sol condujeron este año el programa “Ñemongueta derecho ári”[3] en una radio regional, desde donde monitoreaban la situación de los derechos de las poblaciones en relación con la militarización del territorio.

 

  “Si me pegás, le cuento a doña Concepción”

Concepción Meza durante las prácticas de radio de la Escuela de Comunicación. FOTO: Serpaj Paraguay

 

Otra de las participantes de la Escuela de Comunicación fue Concepción Meza (61), madre, abuela, docente, promotora de salud, reportera popular, imponente pionera en defender los derechos de las mujeres en el departamento de San Pedro a través de distintas organizaciones y espacios de comunicación, especialmente a través de la radio San Juan Bautista 104.5 FM de su ciudad Liberación, a 200 kilómetros de Asunción.

Durante 15 años condujo el programa “Teko pyahu rekávo: la voz de la mujer”[4], desde donde realizó periodismo de intermediación, canalizando casos de violencia doméstica, informando sobre sus derechos a otras mujeres, combinado con buena música, recetas de comidas a partir de los productos de la chacra y de medicina natural.

“Muchos varones y por sobre todo muchas mujeres conocieron con el programa sus derechos”, analiza a la distancia.

Varias mujeres le contaban en todo este tiempo que en situaciones de inminente violencia por parte de sus parejas, el solo hecho de mencionar que informarían a Concepción, les disuadía. “Si me pegás, le cuento a doña Concepción”, le decían.

“Lo que la Escuela de Comunicación nos da es una herramienta, sobre todo para nosotras las mujeres: en una comunidad hay muchos casos que necesitan denuncia, porque quedan escondidos. Tendremos más logros y llegaremos más lejos ahora”, dice.

 

“Nuestro sueño es tener una radio”

Josefina Ruiz Díaz (izq.) FOTO: Conamuri

Josefina Ruiz Díaz (36) es una referente del departamento de San Pedro de la Coordinadora de Organización de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas (Conamuri) y también participó de la Escuela de Comunicación.

Vive en la comunidad de Primavera Real del distrito de Guayaibí, a poco más de 175 kilómetros de la capital paraguaya, y está entregada enteramente a promocionar los derechos de las mujeres rurales y la agricultura ecológica, con la fuerza que emana desde su realidad doblemente amenazada por el hecho de ser mujer y campesina, en un país atravesado por una cultura patriarcal virulenta y la profundización del modelo extractivo.

Cuando no está participando de reuniones, giras regionales o viajes, se vuelca a trabajar la tierra. Su comunidad es referente en la producción y reproducción de semillas, de las cuales dependen muchas otras comunidades para seguir recreando el elemento central de la agricultura campesina de Paraguay.

En su comunidad no sienten permanentemente la militarización del territorio, pero el avance del extractivismo se da a través de la represión de la fuerza estatal en permanentes desalojos irregulares contra las poblaciones campesinas.

“Este proceso me sirve para dar a conocer y sensibilizar sobre los derechos. Y documentar cómo trabajamos en el campo. Nuestro sueño es tener una radio en la comunidad para expresar lo que genuinamente sentimos. Esto nos alienta y fortalece para nuestros proyectos.”, dice, moviendo sus manos que evidencian su trabajo con la tierra.

 

“Las enfermedades se curan con remedios, no con fusiles”

Ever Maldonado (remera roja) durante una marcha de docentes. FOTO: Ever Maldonado.

Ever Maldonado (34) fue otro de los participantes de la Escuela de Comunicación. El es maestro de preescolar en la Escuela San Blas 7312 del asentamiento campesino Felipe Osorio de la comunidad Jaguareté Forest, a 300 kilómetros de los centros de decisión política capitalinos. Esa geografía es catalogada por el discurso oficial y la prensa nacional como zona roja, manejada por el EPP.

Cuando Ever no está trabajando con niñas y niños de 5 años, denuncia por radios locales la corrupción de autoridades municipales, defiende el acceso a la educación de estudiantes que viajan descalzos kilómetros enteros para estudiar o filma videos cortos que muestran el deterioro de las aulas de distintos colegios.

Una siesta de 2015 en la escuela San Blas las niñas y niños acababan de acomodarse en las aulas para arrancar la jornada cuando efectivos de la FTC con armas de guerra se desplegaron en frente.

Las familias que vieron pasar a los militares por el camino de la escuela se pasaron la voz y se dirigieron a la escuela. Rápidamente unas 200 personas, entre estudiantes, docentes y familiares se congregaron frente a los efectivos y empezaron a hacer preguntas:

Venimos a vacunar a los niños, respondieron los efectivos.

Las enfermedades se curan con remedios, no con fusiles.

Venimos a dar seguridad.

Precisamente ustedes no nos van a dar seguridad. Nuestros caminos son intransitables, necesitamos seguridad vial: que venga Obras Públicas; nuestra escuela tiene goteras: que venga Educación; madres de familia de la comunidad mueren durante el parto: la seguridad para nosotros acá pasaría por equipar el puesto de salud; las familias agricultoras necesitamos seguridad, es decir créditos y asistencia técnica…

Los efectivos quedaron descolocados. La población les pidió que vayan a defender las fronteras de la entrada de tropas de Brasil que en ese momento hacían ejercicios de guerra en la zona limítrofe. La situación tuvo gran repercusión mediática.

Al instante, las autoridades regionales del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) llenaron a Ever y sus colegas de pedidos de informes sobre lo sucedido. Al poco tiempo, tres maestros fueron despedidos, aparentemente como parte de una represalia oficial.

Seis meses después de este episodio, nuevamente la FTC interrumpió las clases de San Blas con sus tanques, camiones de carga y vehículos blindados. Una alerta del  vecindario congregó espontáneamente a 400 vecinos y vecinas, que volvieron a encararlos.

¿Están buscando algo? En ese caso somos los más interesados en ayudarles. Así qué vayamos casa por casa y chacra por chacra si es que están buscando algo, les dijeron.

Por segunda vez el contingente de guerra se replegó.

“La comunicación me sirve  para contar a la gente del campo y la ciudad la realidad. Porque la gran prensa publica de acuerdo a su conveniencia. Para los asuncenos Jaguarete Forest es zona roja, pero nosotros que vivimos acá no vemos así. Las 24 horas del día andamos libres, como cualquier otra ciudad”, dice Ever.

En este episodio las estrategias de seguridad llegaron al punto de amenazar otros derechos que el mismo Estado intentaba garantizar, el de educación.

Todos los testimonios ilustran cómo las herramientas de organización y  comunicación pueden salir a favor de las comunidades, cuando éstas ven sus derechos amenazados.

 

Derogar la ley de militarización

En su análisis sobre la FTC, el MNP menciona los resultados obtenidos, la violación de derechos humanos, la connivencia con grupos paraestatales y esquemas delictivos vinculados al narcotráfico, los tratos crueles y torturas y la impunidad de actores estatales validada por fiscales, jueces y poderes políticos…

Todo esto barnizado por un discurso mediático que endilga todo al EPP, mientras que en terreno todos los testimonios señalan la existencia de una mayor complejidad donde por momentos la FTC y los grupos para-estatales conviven respetando ciertas reglas de juego que imponen las actividades delictivas y que a veces se rompen y devienen en ajustes de cuentas.

Algunos de los testimonios levantados por el MNP, a diferencia de la versión oficial y de lo publicado en la prensa, apuntan a que ciertos asesinatos de efectivos de la FTC no los hizo el EPP sino organizaciones del narcotráfico que se cansaron del soborno militar.

“La categoría “insurgencia” con la cual Jordán podría rotular al EPP, permite dimensionar que la crueldad estatal registrada en este informe, además de ineficiente en la captura de estos delincuentes y criminales, es un factor que suma fortaleza a estos grupos armados extra estatales (EPP y ACA). La violencia estatal contribuye al clima de descontento facilitando el repudio de las fuerzas que representan al Estado paraguayo y legitima planteamientos que lanzan estos grupos en sus proclamas”, analiza el MNP.

En sus conclusiones, además de varias medidas estatales dirigidas a fiscales, jueces y al Ejecutivo, recomienda la derogación de la ley 5036 que creó a la FTC y en contrapartida, la aplicación de otra estrategia de seguridad que no sea la militarización.

Este año el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas llamó la atención al Estado paraguayo sobre el actuar de la FTC y le urgió a investigar las denuncias  que tiene en su contra, y consecuentemente juzgar delitos que hayan cometido sus miembros.

También dar una reparación integral a víctimas de violaciones de derechos humanos  por parte de estos agentes estatales y modificar el marco legal para que un cuerpo policial civil sea quien cumpla las labores de seguridad interna en Paraguay.

 

 

*Reportaje elaborado por Jorge González S. para Serpaj Paraguay/Jesareko.

CITAS:

[1] Jesareko significa en guaraní “Cuidarnos entre todos y todas”.

[2] En 2009 se realizaron tres operativos militares y policiales: Operativo Jeroviá (confiar), Operativo Triángulo y Operativo Sombra; y en el 2010 se realizaron dos, el Operativo Jaguareté (tigre) y el operativo Py´a Guapy (tranquilidad).

[3] “Hablemos sobre los derechos”, en guaraní.

[4] “Buscando una nueva sociedad: la voz de la mujer”, en guaraní